La iniciativa del diputado federal, Luis Humberto Fernández busca frenar despojo de tierras y abusos en Querétaro con penas de hasta 10 años de prisión.
Querétaro, Qro.- Con el propósito de combatir la corrupción inmobiliaria y frenar los abusos en el sector de la construcción y comercialización de inmuebles, el diputado federal de Morena por Querétaro, Luis Humberto Fernández Fuentes, impulsa una iniciativa de ley que propone reformas significativas al Código Penal Federal y otras normativas.
La iniciativa contempla sanciones de entre cinco y 10 años de prisión para aquellos que incurran en actos de corrupción inmobiliaria, con un aumento de la pena si se obtienen beneficios económicos directos o indirectos. Las modificaciones también incluyen ajustes en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Fernández Fuentes explicó que la problemática se agrava en comunidades rurales, donde los ejidatarios, especialmente en la zona norte de la capital queretana, han denunciado el despojo de tierras mediante presiones, amenazas y maniobras legales irregulares. Estas prácticas, dijo, son impulsadas por empresas del sector privado en complicidad con servidores públicos, quienes facilitan cambios de uso de suelo de manera ilegal.
“El precio de la vivienda en Querétaro se ha disparado en la última década. Tan solo en 2025, una casa en la capital cuesta alrededor de 3 millones de pesos, mientras que en 2015 el precio promedio a nivel nacional era de 1 millón. Este incremento refleja una especulación desmedida y prácticas corruptas que afectan a los ciudadanos”, señaló el legislador.
Según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del INEGI, el 30% de los mexicanos carecen de patrimonio propio, lo que representa alrededor de 40 millones de personas sin hogar o sin propiedad. Además, el costo elevado de la vivienda en Querétaro limita el acceso a un patrimonio digno, mientras que muchos ejidatarios siguen enfrentando el riesgo de perder sus tierras.
Con esta propuesta, el diputado busca garantizar justicia y protección para las comunidades afectadas, estableciendo un marco legal robusto que inhiba la corrupción inmobiliaria en todo el país.
