Diputados de oposición presentan iniciativa para garantizar que estos apoyos sean permanentes, libres de uso electoral y con enfoque en los sectores más vulnerables.
Querétaro, Qro.- Con el objetivo de que los programas sociales implementados por el Gobierno del Estado se conviertan en un derecho constitucional y no en herramientas con fines políticos, los diputados Claudia Díaz Gayou (PT), Arturo Maximiliano García Pérez (Morena) y Paul Ospital Carrera (Movimiento Ciudadano) presentaron una iniciativa de ley para reformar la Constitución Política del Estado de Querétaro.
La propuesta busca blindar estos programas para que no sean usados como moneda de cambio en procesos electorales, y que su enfoque se mantenga en el fortalecimiento del bienestar de los sectores más vulnerables de la población queretana.
Durante la presentación, la diputada Claudia Díaz Gayou señaló que esta iniciativa responde a una demanda ciudadana: “Garantizar que los programas sociales estén verdaderamente al servicio de la población, sin intereses personales, clientelares o partidistas”. Afirmó que los apoyos deben ser accesibles para toda la ciudadanía y mantenerse vigentes sin importar los cambios de administración.
El legislador Arturo Maximiliano Pérez enfatizó que la lógica de los programas sociales locales responde a necesidades específicas identificadas en el estado, que no necesariamente coinciden con los programas federales. Por ello, dijo, deben dejar de ser coyunturales y convertirse en derechos permanentes, sin posibilidad de ser condicionados.
Por su parte, Paul Ospital Carrera recordó que el presupuesto estatal aprobado este año priorizó el enfoque social por encima de la obra pública, y señaló que estos apoyos deben mantenerse y fortalecerse en futuros ejercicios fiscales. “Esta es una causa que va más allá de colores. Pensar en el largo plazo significa garantizar derechos y programas sociales para las próximas generaciones”, subrayó.
La iniciativa busca sentar las bases para una política social sólida, incluyente y libre de manipulaciones políticas, estableciendo que los programas sociales no podrán reducirse ni eliminarse por decisión unilateral de un gobierno entrante.
