Vecinos denuncian malos olores, problemas de salud y riesgo ambiental; la planta estaría incumpliendo normativa de distancia y ubicación.
Querétaro, Qro.- El diputado local Arturo Maximiliano García Pérez hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales para que se lleve a cabo la inmediata reubicación de la planta tratadora de residuos operada por la empresa Broquers Ambiental S.A. de C.V., debido a las severas afectaciones que genera a vecinos de colonias y comunidades como Los Juncos, Puerta de San Miguel, Encinos, Paseos de San Miguel, Mompaní, El Nabo y el pueblo de Juriquilla.
Durante su pronunciamiento, el legislador afirmó que la empresa incumple con disposiciones legales, al encontrarse la planta a solo 192 metros de zonas habitadas, cuando el límite mínimo de distancia debe ser de 500 metros, según lo establece el Plan de Desarrollo Urbano. Además, denunció que existen tanques de agua para consumo humano ubicados a menos de seis metros del sitio de disposición final, cuando la norma exige al menos 100 metros de separación.
“Se trata de un tema que afecta la salud, el medio ambiente y el patrimonio de cientos de familias. La planta no solo incumple con la normatividad, sino que opera en un predio de propiedad municipal, bajo un contrato de concesión que el propio Ayuntamiento de Querétaro firmó en 2016”, afirmó García Pérez.
Indicó que la empresa recibe diariamente cerca de mil toneladas de basura a cielo abierto, lo que genera malos olores, presencia de fauna nociva y riesgos sanitarios, especialmente durante la temporada de lluvias.
César Espinoza, vecino y representante del fraccionamiento Puerta de San Miguel, recalcó que varias de las colonias afectadas ya estaban establecidas desde 2014, por lo que la planta llegó después, sin respetar la distancia legal ni contar con el respaldo social necesario.
El diputado también denunció la falta de atención institucional al problema. Relató que los colonos han presentado escritos ante Profepa, el Municipio de Querétaro y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), sin que a la fecha haya una respuesta efectiva o medidas correctivas.
Finalmente, García Pérez solicitó que las autoridades responsables llamen a cuentas a la empresa y gestionen su reubicación inmediata, debido a los riesgos sanitarios, el impacto ambiental y la pérdida de valor del patrimonio de las familias que habitan en la zona.
“Es un tema de justicia, de salud y de respeto a los derechos de los ciudadanos. No puede seguir operando una planta en estas condiciones”, concluyó.
