La diputada del PAN llamó al Ejecutivo a no publicar la reforma y pidió un marco legal más equilibrado que no ahogue a los pequeños negocios.
Ciudad de México.- La diputada federal Lorena García Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN, alertó que la reciente aprobación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita representa una amenaza directa para la operación y estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), particularmente en Querétaro.
La legisladora señaló que la reforma impone obligaciones desproporcionadas para las mipymes, entre ellas la implementación de sistemas automatizados de monitoreo, reportes obligatorios de operaciones sospechosas en un plazo máximo de 24 horas —incluso si no se concretan—, auditorías frecuentes y programas anuales de capacitación, sin ofrecer apoyo técnico ni financiero por parte del gobierno.
“Este tipo de medidas, que podrían ser viables para grandes corporativos, resultan difíciles y asfixiantes para miles de pequeños negocios que ya operan con márgenes reducidos”, afirmó García Alcocer.
De acuerdo con datos del INEGI y de organismos empresariales, en Querétaro existen más de 97 mil unidades económicas, de las cuales el 99.4 por ciento son mipymes. Estas empresas generan cerca del 60 por ciento del empleo formal en el estado y han sido clave en la recuperación económica tras la pandemia y frente al actual contexto inflacionario.
García Alcocer advirtió que, en lugar de facilitar el cumplimiento legal, la reforma aumentará los costos operativos, incrementará la burocracia y pondrá en riesgo a las mipymes de ser sancionadas por omisiones involuntarias. Además, criticó que se impongan las mismas reglas a todos los sectores sin considerar su capacidad operativa, lo cual podría derivar en cierres de negocios o su retorno a la informalidad.
La diputada hizo un llamado al Ejecutivo Federal para que no publique la reforma en los términos aprobados, y planteó la necesidad de construir un marco legal más equitativo, que contemple esquemas diferenciados por tamaño de empresa, estímulos para la profesionalización y mecanismos de apoyo técnico.
“Las pequeñas empresas no son enemigas del Estado ni lavadoras de dinero; son el motor de la economía local y deben ser tratadas como aliadas, no como sospechosas. Estamos a favor de combatir la corrupción, pero no de que se afecte a otros sectores como las mipymes”, concluyó.
