Abigail Arredondo advierte que prohibición total de vapeadores criminalizará a jóvenes y fomentará el mercado negro

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La diputada federal del PRI cuestiona el dictamen oficialista y pide regulación, prevención y campañas de concientización

Querétaro, Qro.— La diputada federal Abigail Arredondo Ramos, representante de Querétaro e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, rechazó el dictamen impulsado por la mayoría oficialista que buscaba imponer sanciones excesivas en materia de vapeadores y cigarros electrónicos, advirtiendo que su aprobación habría criminalizado a jóvenes consumidores y fortalecido el mercado negro.

Arredondo Ramos recordó que, aunque el PRI respalda la protección de la salud y la prevención del consumo entre menores, la propuesta original contemplaba penas de prisión de 1 a 8 años para jóvenes adultos por la compra de un vapeador, lo que calificó como “desproporcionado e injusto”. Señaló que gracias a la intervención de la oposición se logró corregir el dictamen antes de que entrara en vigor.

La legisladora advirtió que la prohibición absoluta no solucionará el problema y generará tres efectos graves: mayores ingresos y poder para bandas criminales, riesgos sanitarios al no existir control de calidad, y mayor exposición de menores al mercado clandestino. Recordó que el comercio ilegal de vapeadores y tabaco en México alcanza hasta 20 mil millones de pesos anuales y está controlado por al menos siete grupos delictivos.

Arredondo Ramos enfatizó que la estrategia correcta para desincentivar el consumo es la regulación estricta, acompañada de programas educativos y campañas de prevención que adviertan sobre los riesgos para la salud. “La prohibición no frena el consumo; solo lo hace más peligroso”, aseguró.

Finalmente, reiteró que el PRI continuará defendiendo la libertad, la responsabilidad y los derechos de las y los jóvenes, insistiendo en que no sean criminalizados por decisiones impulsivas o falta de información. “No a criminalizar a las y los jóvenes. No a la prohibición desmedida. No a un gobierno que confunde castigo con política de salud”, concluyó.

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