Claudia Díaza Acusa falta de proyecto claro, estudios técnicos y alto costo de la consulta ciudadana.
Querétaro, Qro.- La coordinadora de la fracción del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura local, Claudia Díaz Gayou, solicitó la cancelación del plebiscito promovido por el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), relacionado con el proyecto de teleférico como alternativa de movilidad.
La legisladora advirtió que, conforme a los plazos legales, la consulta debería realizarse en abril, por lo que a más tardar en febrero tendrían que estar garantizados los 30 millones de pesos requeridos por el IEEQ para su organización. Señaló que la propuesta del teleférico presenta inconsistencias técnicas, jurídicas, sociales y financieras, además de que la ciudadanía no cuenta con información suficiente para tomar una decisión informada.
Subrayó que el proyecto carece de un diseño definido, metas claras y análisis de costo-beneficio, y sostuvo que el plebiscito resultaría oneroso para el erario municipal. Consideró que dichos recursos podrían destinarse a atender necesidades prioritarias en colonias como Menchaca, San José el Alto y Villas de Santiago, donde persisten carencias en seguridad, alumbrado público, recolección de basura, drenaje y mejoramiento de vialidades.
Díaz Gayou recordó que la ley no permite consultas parciales por zonas con el objetivo de reducir costos, por lo que el ejercicio tendría que realizarse en todo el municipio al involucrar recursos públicos municipales. También cuestionó que no se haya consultado a la totalidad de los 25 diputados locales para emitir opinión al IEEQ, como establece la Ley de Participación Ciudadana.
Respecto a la pregunta planteada para el plebiscito, afirmó que está orientada hacia el “sí” y sostuvo que debería incorporar información sobre costos, inversión y mantenimiento del teleférico para garantizar un voto informado.
Finalmente, anunció que en los próximos días presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, con el propósito de exigir estudios y proyectos previos antes de convocar a un plebiscito de esta naturaleza.
