Señaló que los derechos humanos no pueden someterse a consultas ciudadanas ni mecanismos que limiten garantías constitucionales.
Querétaro, Qro.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la Legislatura local, la diputada Rosalba Vázquez Munguía, reiteró su compromiso con el derecho a la salud integral y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, en el contexto del paquete de firmas entregado al Congreso del Estado para manifestar el rechazo a la despenalización del aborto en Querétaro.
La legisladora recordó que el pasado 19 de marzo de 2026 una agrupación ciudadana entregó firmas a la Legislatura del Estado de Querétaro con el objetivo de rechazar la despenalización del aborto y exhortar a los legisladores a declarar el 25 de marzo como el “Día Estatal de la Vida”.
Señaló que, aunque estos ejercicios ciudadanos fortalecen la vida democrática, las firmas no constituyen un elemento vinculante para que el Poder Legislativo legisle en contravención de disposiciones constitucionales ni en detrimento de los derechos humanos.
Explicó que, de acuerdo con la Constitución, los derechos humanos y los medios para su ejercicio no pueden ser sometidos a consulta ciudadana, ya que los mecanismos de democracia directa pueden derivar en la limitación de derechos.
Asimismo, afirmó que no se puede hablar de defensa de la vida mientras se criminaliza a mujeres y personas gestantes por ejercer un derecho, ya que esto puede orillarlas a procedimientos inseguros que ponen en riesgo su salud e incluso su vida, situación que afecta en mayor medida a niñas y adolescentes.
La diputada también recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional y representa una violación a los derechos humanos de mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.
En ese sentido, reiteró que el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para ejercer el derecho a decidir, tanto para reproducirse como para no hacerlo, bajo los principios de laicidad, igualdad y no discriminación.
Finalmente, subrayó que el principio de laicidad del Estado mexicano debe respetarse en la toma de decisiones públicas y en los procesos legislativos, por lo que se comprometió a impulsar leyes sustentadas en el respeto a los derechos humanos de todas las personas.
