Las iniciativas contemplan descuentos para víctimas de delitos, mayores inspecciones a concesionarios y la devolución de cobros por arrastres injustificados.
Querétaro, Qro.- La diputada local del Distrito XII, Sully Yanira Mauricio Sixtos, presentó tres iniciativas de reforma orientadas a fortalecer la regulación de los servicios de grúas y depósitos vehiculares, con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias queretanas y evitar cobros considerados injustificados.
La primera propuesta plantea que las personas que recuperen un vehículo tras haber sido víctimas de un delito puedan acceder a un descuento de al menos 50 por ciento en el pago por estancia o pensión en los corralones, siempre que acrediten dicha condición ante el concesionario correspondiente.
Asimismo, la legisladora propuso que la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) realice inspecciones ordinarias por lo menos una vez al año a cada concesionario, con la finalidad de verificar autorizaciones vigentes, unidades registradas y comprobantes detallados de cobros, además de reforzar la supervisión de operadores irregulares.
La tercera iniciativa busca establecer que cuando un vehículo sea remolcado por instrucción de una autoridad y posteriormente se determine que no existió infracción, hecho ilícito o causa legal que justificara el arrastre, el propietario no tenga que cubrir los costos de grúa, depósito o guarda vehicular.
Además, contempla que, en caso de que el ciudadano ya haya realizado algún pago por estos conceptos, éste le sea devuelto de manera íntegra.
“Las familias queretanas no deben pagar por una situación que no provocaron. Si una persona fue víctima de un delito, merece facilidades para recuperar su patrimonio; y si no cometió ninguna infracción, tampoco debe asumir el costo de un arrastre injustificado”, expresó la legisladora.
Mauricio Sixtos señaló que las reformas también buscan combatir prácticas como cobros superiores a las tarifas autorizadas, conceptos no contemplados en la normatividad, cargos discrecionales y la operación de prestadores de servicios sin autorización.
La diputada afirmó que estas medidas permitirían fortalecer las facultades de vigilancia y sanción de la Agencia de Movilidad, al tiempo que brindarían mayor certeza jurídica a las personas usuarias.
“Los servicios de grúas y corralones deben funcionar con legalidad, transparencia y sentido social. El objetivo es brindar mayor certeza a la ciudadanía y evitar que una situación de vulnerabilidad se convierta en una carga económica injustificada”, puntualizó.
Con estas propuestas, la legisladora reiteró su compromiso de impulsar mecanismos que garanticen un trato más justo para los ciudadanos y una mayor supervisión de los servicios concesionados en la entidad.
