La diputada priista cuestionó una reforma que contempla penas de prisión por el uso indebido de la identidad gráfica de instituciones públicas y advirtió sobre posibles riesgos para la crítica política.
Ciudad de México.- La diputada federal y dirigente del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, acusó a Morena de intentar inhibir la crítica al gobierno con una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al considerar que su redacción podría dar pie a interpretaciones que afecten la libertad de expresión.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora cuestionó la incorporación del artículo 403 Bis, que contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por el uso indebido, con fines comerciales y para cometer un ilícito, de la identidad gráfica de instituciones públicas.
Arredondo Ramos advirtió que, aunque la disposición busca evitar engaños y proteger la identidad institucional, podría generar preocupación por sus posibles efectos en la crítica política, la sátira y las publicaciones que circulan en redes sociales.
“Con esta maniobra jurídica, disfrazada de protección a la imagen, Morena busca controlar la opinión pública y destruir la pluralidad”, afirmó.
La diputada señaló que el humor, las caricaturas y los memes forman parte de la tradición de crítica política en México, y sostuvo que ninguna disposición legal debe utilizarse para intimidar a periodistas, caricaturistas, creadores de contenido o ciudadanos que cuestionan a sus autoridades.
También acusó al partido en el gobierno de desviar la atención de problemas como la inseguridad, las deficiencias del sistema de salud, los señalamientos de corrupción y el endeudamiento público.
Durante su intervención, utilizó un objeto simbólico como protesta contra lo que considera un intento de silenciar a las voces críticas y advirtió que su partido continuará defendiendo la libertad de expresión y los derechos democráticos.
“Primero en la cárcel que ser sumisos. No vamos a permitir que pretendan silenciar a las y los mexicanos”, expresó.
La legisladora concluyó que el derecho a disentir, cuestionar y denunciar debe estar garantizado, incluso cuando las opiniones resulten incómodas para quienes ejercen el poder.
