La diputada federal del PRI advierte que la minuta enviada por el Senado vulnera derechos fundamentales y promueve una vigilancia excesiva.
Ciudad de México.- La diputada federal por Querétaro y presidenta estatal del PRI, Abigail Arredondo Ramos, alzó la voz en tribuna durante la sesión del 26 de junio de 2025, en la que la Cámara de Diputados recibió la minuta enviada por el Senado para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como diversas modificaciones al Código Penal Federal.
En representación del Grupo Parlamentario del PRI, Arredondo manifestó su rechazo a lo que calificó como una reforma que impone una vigilancia centralizada, desproporcionada y sin contrapesos, lo cual, dijo, vulnera el derecho a la privacidad y sienta un precedente autoritario bajo el discurso de la legalidad.
La legisladora recordó que la minuta fue aprobada en el Senado con 74 votos a favor (de Morena y aliados), 13 en contra (principalmente del PRI y algunos panistas) y 19 abstenciones, y ahora se encuentra en análisis dentro de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con sus promotores, entre ellos el senador Javier Corral Jurado, la iniciativa busca fortalecer el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ampliar la lista de actividades vulnerables, introducir un enfoque de riesgo diferenciado y dar seguimiento especial a personas políticamente expuestas.
No obstante, Arredondo advirtió que esta reforma representa una intromisión excesiva en la vida privada de ciudadanos, PYMEs y organizaciones civiles, al imponer medidas como:
• La centralización de datos sensibles bajo control de la Secretaría de Hacienda sin suficientes mecanismos de supervisión.
• Reportes obligatorios en 24 horas por cualquier movimiento accionario o transacción, incluso menores.
• Falta de definiciones claras sobre quiénes son considerados “personas políticamente expuestas”, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales.
• Observación constante a ciudadanos y pequeños negocios, bajo criterios ambiguos.
“La vigilancia administrativa no puede convertirse en un instrumento de persecución política ni en un pretexto para debilitar la privacidad ciudadana”, advirtió la diputada queretana.
Como contrapropuesta, Abigail Arredondo planteó ajustes legislativos que garanticen un equilibrio entre seguridad y libertades, entre ellos:
• Un enfoque basado en daños reales, no en presunciones.
• Mecanismos de transparencia y supervisión judicial y legislativa.
• Definiciones precisas que eviten la discrecionalidad.
• Capacitación previa para sectores vulnerables, antes de imponer sanciones.
Finalmente, Arredondo Ramos enfatizó que votar en contra no significa rechazar la lucha contra el crimen financiero, sino defender la democracia y el Estado de derecho.
“Por respeto a las libertades, a la privacidad y a la confianza fiscal, el PRI votó en contra de esta reforma. Queremos un Estado que proteja, no que espíe a sus ciudadanos”, concluyó.
