La iniciativa fue aprobada en comisión por mayoría, aunque generó cuestionamientos sobre su constitucionalidad, presupuesto y reglas para iniciar el procedimiento.
Querétaro, Qro.- La Comisión de Participación Ciudadana de la LXI Legislatura aprobó por dos votos a favor y uno en contra el proyecto de dictamen de la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Querétaro, mecanismo que podría aplicarse por primera vez para la gubernatura en 2031.
Durante la sesión, el diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera votó en contra al considerar que la propuesta requiere una revisión jurídica y constitucional más profunda antes de continuar con su trámite.
Entre sus principales cuestionamientos señaló que el proyecto remite a la Ley Electoral y a la Ley de Medios de Impugnación, pero al mismo tiempo establece que ambas legislaciones deberán ser modificadas después de que entre en vigor la nueva ley, lo que, dijo, podría generar vacíos e incertidumbre en la aplicación de las reglas.
También cuestionó que no exista una estimación clara del costo que tendría poner en marcha el procedimiento. La iniciativa contempla que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro revise firmas, realice ejercicios muestrales, utilice herramientas tecnológicas, capacite personal, imprima papeletas, instale casillas, opere sistemas de resultados y contemple la participación de queretanos que viven en el extranjero.
Otro de los puntos señalados fue que una sola persona pueda presentar la solicitud inicial para poner en marcha el procedimiento y, con ello, interrumpir el plazo constitucional. Ángeles Herrera consideró necesario revisar si una petición individual puede generar efectos jurídicos de esa magnitud, cuando la Constitución establece que la revocación requiere el respaldo de un porcentaje determinado de ciudadanos y una distribución territorial específica.
El legislador sostuvo que no se trata de estar a favor o en contra de la revocación de mandato, sino de garantizar que la legislación que regule este derecho sea constitucional, tenga reglas claras, mecanismos efectivos de impugnación, un régimen sancionador funcional y facultades válidas para el órgano electoral.
Por su parte, el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, presidente de la comisión, defendió el dictamen y recordó que la iniciativa fue presentada desde diciembre de 2019, después de la reforma constitucional que estableció la obligación de las legislaturas estatales de regular este mecanismo.
Explicó que la revocación de mandato no tendrá efectos sobre el proceso electoral de 2026-2027, ya que, en el caso de Querétaro, únicamente podría solicitarse para la gubernatura hasta 2031 y bajo las condiciones establecidas en la Constitución.
Sobre el inicio del procedimiento, señaló que cualquier ciudadano podrá presentar la solicitud, pero posteriormente deberá conseguir el respaldo requerido para que el proceso pueda avanzar. Actualmente, esto representaría alrededor de 200 mil firmas, aunque la cifra dependerá del listado nominal que exista en ese momento.
García Pérez afirmó que la propuesta establece como requisito el respaldo del 10 por ciento del listado nominal y que, para que el resultado sea vinculante, deberá alcanzarse una participación del 40 por ciento. Además, la solicitud solamente podrá realizarse una vez transcurridos los primeros tres años del periodo de gobierno y durante los tres meses posteriores.
El diputado aseguró que el proyecto tomó como referencia criterios constitucionales y resoluciones de la Suprema Corte, además de evitar requisitos adicionales para los ciudadanos como los que fueron cuestionados en otros estados.
Finalmente, sostuvo que la iniciativa no está dirigida contra ningún partido político o persona en particular y que, en caso de que durante la discusión en el Pleno surjan aspectos que requieran ajustes, podrán realizarse las modificaciones correspondientes.
Con la aprobación en comisión, el proyecto de Ley de Revocación de Mandato continuará su proceso legislativo y deberá ser discutido posteriormente por el Pleno de la LXI Legislatura.
