El alcalde de Corregidora defendió la propuesta ante ciudadanos y sectores productivos; plantea aplicar medidas más severas a adolescentes involucrados en delitos de alto impacto.
San Juan del Río, Qro.- El presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero, llevó a San Juan del Río la promoción de su iniciativa de ley que busca que adolescentes de entre 15 y 17 años que cometan delitos graves puedan ser juzgados como adultos.
Durante un encuentro con padres de familia, representantes de asociaciones civiles, cámaras empresariales y militantes del PAN, el alcalde señaló que el contexto de violencia que enfrenta el país obliga a discutir medidas más estrictas para atender la participación de menores de edad en delitos de alto impacto.
Guerrero argumentó que la propuesta está enfocada en casos relacionados con homicidio doloso, feminicidio, violación y secuestro, delitos que, afirmó, generan un profundo impacto en las víctimas y sus familias.
El edil sostuvo que la iniciativa no pretende criminalizar a las juventudes, sino responder a una realidad en la que grupos delictivos recurren cada vez más al reclutamiento de adolescentes para participar en actividades ilícitas o hechos violentos.
Asimismo, destacó que la propuesta contempla fortalecer estrategias de prevención, programas de atención integral y mecanismos que permitan alejar a niñas, niños y adolescentes de entornos vinculados con la delincuencia.
Durante la reunión, los asistentes expresaron inquietudes sobre el incremento de la violencia en distintas regiones del país y coincidieron en la necesidad de reforzar acciones para proteger a los jóvenes de fenómenos como el reclutamiento criminal.
La iniciativa ya fue presentada ante la LXI Legislatura del Estado de Querétaro y, de acuerdo con el alcalde, también se buscará impulsar una propuesta similar a nivel nacional a través del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.
El planteamiento forma parte del debate sobre la responsabilidad penal de adolescentes y las medidas que podrían implementarse para atender la participación de menores en delitos de alto impacto, un tema que ha cobrado relevancia en distintas entidades del país.
Por Angel Rodríguez
