Trabajadores piden diálogo con autoridades y advierten sobre posibles consecuencias de las restricciones.
Alrededor de 700 familias y cerca de 5 mil personas de manera indirecta se han visto afectadas económicamente tras el cierre de 90 establecimientos, entre bares, antros y restaurantes, como resultado de operativos implementados tras el ataque en el bar Los Cantaritos.
David Rivera, subgerente de un centro nocturno, solicitó una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado para buscar una prórroga que permita la reapertura de los negocios, bajo el compromiso de regularizarse y cumplir con las medidas de seguridad.
Rivera advirtió que la restricción de horario hasta la 1:30 horas podría fomentar accidentes automovilísticos al incentivar que jóvenes busquen diversión en otros estados, así como el aumento de fiestas clandestinas o venta ilegal de alcohol. Además, destacó que estas medidas afectarían aún más a los trabajadores en diciembre, una temporada clave para su economía.
Finalmente, pidió que no se estigmatice al sector nocturno y se tomen decisiones que permitan un equilibrio entre la seguridad y la actividad económica.
