El organismo afirmó que el reconocimiento legal de la identidad de género es una obligación constitucional y convencional en materia de derechos humanos.
Querétaro, Qro.- La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro defendió la constitucionalidad y obligatoriedad jurídica del reconocimiento legal de la identidad de género, luego del anuncio del gobernador Mauricio Kuri González de vetar la reforma aprobada por el Congreso local.
A través de un posicionamiento emitido este 26 de mayo, el organismo señaló que el derecho al reconocimiento de la identidad de género deriva directamente de los tratados internacionales suscritos por México y del marco constitucional vigente en materia de derechos humanos.
La Defensoría explicó que el llamado control de convencionalidad obliga a todas las autoridades del país a interpretar y aplicar las normas conforme a los estándares internacionales de protección de derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
En ese sentido, sostuvo que el reconocimiento legal de la identidad de género no constituye una concesión discrecional del Estado, sino una obligación jurídica derivada del bloque de constitucionalidad y convencionalidad establecido a partir de la reforma constitucional de 2011.
Asimismo, advirtió que negar este reconocimiento genera una situación de contradicción para las personas trans, quienes desarrollan plenamente su vida social, familiar y comunitaria, pero enfrentan dificultades al no contar con documentos oficiales que reflejen su identidad.
El organismo también informó que participó en la elaboración y revisión técnica de la iniciativa aprobada por la Legislatura, brindando acompañamiento jurídico durante el proceso para verificar su apego a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo estatal presente observaciones o ejerza el veto sobre la reforma, la Defensoría indicó que reconoce dicha facultad constitucional y que esperará conocer el contenido completo de las observaciones para emitir una postura más específica.
Finalmente, reiteró que continuará dando seguimiento al proceso legislativo y analizará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones, manteniendo como prioridad la protección de los derechos humanos y el respeto al marco constitucional y convencional vigente en México.
