Luego de ser invadido en octubre del 2019, finalmente se tuvo la resolución judicial
La madrugada de este viernes se comenzó el desalojo de un predio de 2.4 hectáreas, identificado como Las Peñitas, ubicado en la colonia Jardines de Santiago.
Arturo Molina Zamora, secretario de gobierno de la capital, explicó que dicho desalojo se da tras una resolución judicial, luego de que en octubre de 2019 fuera invadido por personas “que promueven este tipo de acciones”.
Detalló que la Dirección de administración patrimonial y servicios internos fue la encargada de presentar la querella correspondiente ante la unidad especializada en la investigación de delitos patrimoniales de la Fiscalía General del estado, y fue un juez quien dictó la restitución del predio a favor del municipio de Querétaro.
Molina Zamora expresó que una vez que cuente con la restitución legal del predio, éste será destinado a un uso social, por lo que garantizó que no se venderá ni será para uso comercial, y aseguró que los detalles del destino social que tendrá se darán a conocer más adelante.
“Sabemos que muchos de quienes hoy son desalojados fueron víctimas del engaño de personas que lucraron con su necesidad, por lo cual no los vamos a abandonar ni quedarán desprotegidos. Reiteramos que una vez que el predio sea restituido tendrá un aprovechamiento social”, enfatizó.
Anunció que de manera provisional se habilitará el albergue Yimpathí para resguardar a niñas, niños y personas adultas, además de que se contará con un espacio para resguardar las bienes inmuebles de quienes fueron desalojados. Además, la secretaría de desarrollo humano y social realizará un censo para analizar esquemas de apoyo para quienes lo requieran.
En el desalojo participan, además del juez de ejecución, el Poder Judicial de Querétaro, las secretarías de gobierno estatal y municipal, seguridad pública municipal, policía estatal, protección civil municipal y estatal, bomberos de Querétaro, servicios de emergencia y atención prehospitalaria, control animal, concertadores municipales, servicios públicos y obras municipales, DIF estatal y municipal, y de desarrollo humano y social, así como personal de la Defensoría de derechos humanos.
