El Gobierno estatal señaló que no existen indicios sobre aspirantes relacionados con grupos delictivos y llamó a establecer filtros de cara al proceso electoral.
Querétaro, Qro.- El Gobierno del Estado aseguró que hasta el momento no existen indicios ni información que permita advertir la presencia de posibles candidatos vinculados con la delincuencia organizada en Querétaro.
Ante la cercanía del proceso electoral, las autoridades estatales plantearon la necesidad de que los partidos políticos, la sociedad y, eventualmente, las autoridades electorales impulsen mecanismos de revisión que permitan garantizar que quienes aspiren a un cargo de elección popular no tengan vínculos con grupos delictivos.
La propuesta, explicó el Gobierno estatal, busca prevenir que intereses de la delincuencia organizada puedan infiltrarse en la vida política de la entidad y afectar las condiciones de seguridad que distinguen a Querétaro a nivel nacional.
Asimismo, se consideró que este tema debe abordarse como una exigencia de la sociedad hacia todas las fuerzas políticas, independientemente de colores o partidos, para garantizar que los candidatos cuenten con perfiles que ofrezcan certeza sobre su integridad y ausencia de vínculos con actividades ilícitas.
Entre los mecanismos planteados se encuentra el denominado esquema “6 de 6”, que contempla los requisitos de la iniciativa “3 de 3”, además de pruebas para detectar el consumo de sustancias y la aplicación de un examen de polígrafo por parte de un organismo independiente, con el objetivo de identificar posibles nexos con la delincuencia organizada.
El Gobierno estatal llamó a los partidos políticos a iniciar un diálogo y alcanzar acuerdos de manera voluntaria para establecer estos filtros antes de la definición de candidaturas.
También se planteó la posibilidad de que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) participe como árbitro en este proceso, siempre que exista viabilidad jurídica para ello.
Las autoridades reiteraron que el objetivo es fortalecer la confianza ciudadana y evitar que personas relacionadas con actividades delictivas puedan utilizar las candidaturas o los cargos públicos como una vía para obtener protección o impunidad.
