La iniciativa busca armonizar la Constitución local con criterios de austeridad y redirigir recursos a infraestructura y municipios.
Querétaro, Qro.- El diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, integrante del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura, presentó una iniciativa de ley para reformar la Constitución Política del Estado de Querétaro, con el objetivo de eliminar privilegios y fortalecer la austeridad en el ejercicio público.
La propuesta plantea armonizar el marco jurídico estatal con la reciente reforma constitucional federal en materia de austeridad republicana, conocida como “Plan B”, publicada el pasado 23 de abril.
Entre los principales puntos de la iniciativa destacan limitar el presupuesto anual del Poder Legislativo estatal a un máximo del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos; sujetar las remuneraciones de servidores públicos al tope establecido en el artículo 127 constitucional; y prohibir prestaciones extraordinarias como seguros médicos privados, fondos de ahorro especiales o esquemas de retiro no contemplados en la ley.
Asimismo, propone modificar la integración de los ayuntamientos al establecer una sola sindicatura por municipio, manteniendo el número de regidurías, salvo ajustes futuros conforme a criterios poblacionales. También plantea que los ahorros generados se destinen a infraestructura pública y al fortalecimiento de las haciendas municipales.
Inzunza Ballesteros señaló que actualmente persisten estructuras institucionales que generan gasto público excesivo o ineficiente, así como beneficios que calificó como privilegios para servidores públicos, los cuales —dijo— deben eliminarse.
El legislador afirmó que el diseño institucional debe responder a principios de austeridad, racionalidad presupuestaria y cercanía con la ciudadanía, al tiempo que subrayó que la reforma permitiría homologar la legislación local con la federal y redistribuir recursos hacia prioridades públicas.
No obstante, el propio diputado reconoció que, desde una perspectiva técnico-legislativa, la iniciativa requerirá ajustes en su redacción, sistematicidad normativa y justificación presupuestaria para garantizar su viabilidad constitucional y operativa.
