Legisladores buscan que la elección del titular de la Fiscalía Anticorrupción regrese a un proceso abierto y encabezado por la Legislatura de Querétaro.
Querétaro, Qro.- La diputada Claudia Díaz Gayou, en conjunto con la legisladora Blanca Flore Benítez Estrada y el diputado Eric Silva Hernández, presentó una iniciativa de reforma constitucional para modificar el mecanismo de designación del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción en Querétaro.
La propuesta surge luego de que el Poder Ejecutivo estatal enviara a la Legislatura una terna para elegir al próximo titular de la Fiscalía Anticorrupción, cargo que tendrá una duración de nueve años.
Claudia Díaz explicó que la iniciativa plantea reformar el artículo 30 Ter de la Constitución local para eliminar la facultad del gobernador de integrar la terna y devolver a la Legislatura la atribución de emitir una convocatoria abierta y realizar un proceso de selección público y transparente.
La legisladora consideró que el esquema actual limita la participación ciudadana y convierte al Congreso en “una ventanilla de paso” para avalar perfiles previamente definidos por el Ejecutivo estatal.
Recordó además que la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, publicada en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”, generó inconformidad y movilizaciones ciudadanas, debido a que modificó el procedimiento de designación del fiscal anticorrupción.
Por su parte, Eric Silva Hernández señaló que el objetivo de la iniciativa es garantizar la imparcialidad y legitimidad de quien encabece la Fiscalía Anticorrupción, al advertir que un fiscal “a modo” podría impedir investigaciones o sanciones contra servidores públicos por presuntos actos de corrupción.
El legislador añadió que la intención es que la Legislatura emita una convocatoria abierta para que cualquier persona que cumpla con los requisitos legales pueda participar en el proceso de selección.
En tanto, Blanca Benítez afirmó que el cuestionamiento no se centra en las personas que integran la terna enviada por el Ejecutivo, sino en el procedimiento de designación, el cual consideró carente de legitimidad social y política.
