La cabeza de Nicolás Maduro ya tiene precio en Estados Unidos: 15 millones de dólares. William Barr, fiscal general de EEUU, ha adelantado hoy cargos judiciales contra el jefe revolucionario por participar en una organización criminal, en asociación con la guerrilla de las FARC, para inundar su país de cocaína.
«Pensamos que la mejor forma de apoyar al pueblo de Venezuela en este periodo es buscando que la corrupción salga del país. Mientras la gente de Venezuela sufre, estos operadores hacen de las suyas», disparó el fiscal general estadounidense. «El Gobierno de Maduro es corrupto y criminal, han traicionado al pueblo y corrompido la cúpula institucional. Esto tiene que llegar a su fin», sentenció.
Narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero en los que participaría junto a 14 jerarcas del chavismo, también acusados hoy. Se trata de la acción más importante contra el jefe revolucionario y contra su régimen desde que el año pasado se declarase el embargo petrolero contra el país sudamericano y se interviniese Citgo, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Al frente de la lista negra también están Maikel Moreno, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y jefe del Ejército.
En segunda fila ya figuraba Tareck El Aissami, vicepresidente económico. Al ex gobernador, que encabeza uno de los grupos más poderosos de la revolución, se le han unido Diosdado Cabello, líder del ala radical y militar, y dos uniformados ahora enfrentados con el poder bolivariano. Se trata de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, jefe de la inteligencia y contrainteligencia con Hugo Chávez y Maduro, cuya extradición desde España a Estados Unidos fue ordenada por la Audiencia Nacional de Madrid, y el general Clíver Alcalá, a quien Maduro acusa de encabezar una operación para acabar con su vida. La recompensa por informaciones que conduzcan a su captura es de 10 millones de dólares.
La lista la completan siete dirigentes chavistas, entre ellos el general Néstor Reverol, al frente del Ministerio del Interior.
La investigación de la DEA y del Comando Sur, según Barr, se ha prolongado durante 10 años. En este periodo de tiempo las acusaciones contra el Cartel de los Soles, mafia militar que trafica con cocaína, se han multiplicado. Entre las operaciones más exitosas de EEUU se encuentra la detención de dos familiares de la pareja presidencial, los famosos «narcosobrinos», detenidos en Haití y condenados a 18 años de prisión en Nueva York por conspiración para introducir cocaína en EEUU.
De esta forma, la Administración Trump responde de forma fulminante a la petición de Rusia y Venezuela en la ONU. El Gobierno de Vladimir Putin demandó la semana pasada que se levantaran o suavizarán las sanciones «por su impacto directo negativo en la vida, la salud y la alimentación de las personas sujetas a ellas». El comunicado ruso también está suscrito por sus aliados Cuba, Nicaragua, Siria, además de China, Irán y Corea del Norte.
Tanto Antonio Guterres, secretario general de la ONU, como Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, han reconocido que las sanciones afectan en parte a la población. No obstante, el chavismo sigue empleando el dinero del Estado para sus intereses incluso dentro de EEUU. Medios de ese país han confirmado que el lobbysta Bob Amsterdam ya ha cobrado un millón de los cuatro millones de dólares firmados con la revolución para defender sus intereses en Washington.
Mientras tanto, Maduro en Caracas aprovechó la coyuntura para agitar la tradicional conspiranoia, base argumenta de la propaganda chavista. «¡Ratifico mi denuncia! Desde EEUU y Colombia se conspira y han dado orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria. ¡No han podido ni podrán!», argumentó el «presidente pueblo».
