Los propietarios de terrenos en Huimilpan señalaron presuntos intereses inmobiliarios y disputas por un pozo con una concesión de hasta 360 mil metros cúbicos anuales.
Querétaro, Qro.- La familia Urquiza, propietaria de terrenos agrícolas en el municipio de Huimilpan desde hace varias décadas, acusó públicamente al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, de intentar obtener el control de aproximadamente 100 hectáreas de tierras y del agua de un pozo con una concesión para extraer hasta 360 mil metros cúbicos anuales.
Durante una conferencia de prensa, Pamela Urquiza Lindacher señaló que el conflicto estaría relacionado con un proyecto inmobiliario planteado desde 2023 mediante un fideicomiso en el que, según su versión, participaría la empresa MJF Campestre, vinculada al exmandatario panista.
De acuerdo con la denunciante, el proyecto contemplaba la urbanización de los ranchos “La Haciendita”, de aproximadamente 169 hectáreas, y “El Salto”, bajo un esquema en el que MJF Campestre fungiría como desarrolladora y obtendría 80 por ciento de las ganancias, mientras que la familia recibiría el 20 por ciento.
Urquiza Lindacher sostuvo que el fideicomiso no establecía con claridad los plazos para la ejecución del proyecto, los mecanismos para garantizar su cumplimiento ni las posibles penalizaciones, por lo que lo calificó como un acuerdo “leonino”.
Uno de los principales puntos de disputa, según la familia, es el pozo ubicado en el rancho “El Salto”, cuya concesión permite la extracción de hasta 360 mil metros cúbicos de agua al año.
La denunciante explicó que, tras el fallecimiento de Agustín Urquiza Fernández de Jáuregui, el rancho “La Haciendita” fue heredado a María Guadalupe Fernández Villanueva, mientras que posteriormente una parte del patrimonio relacionado con “El Salto” fue donada a Julián y Pamela Urquiza, con el objetivo de preservar los bienes familiares.
Según la familia, estas operaciones derivaron posteriormente en diversos procedimientos legales y denuncias penales, los cuales consideran parte de una estrategia de presión para obtener el control de los terrenos y del recurso hídrico.
Pamela Urquiza afirmó que el proyecto inmobiliario planteado para “La Haciendita” no se ha concretado y que actualmente el terreno continúa siendo utilizado para actividades agrícolas.
“La Haciendita no tiene agua, se nutre del agua del pozo que está en El Salto”, sostuvo, al explicar que el recurso es utilizado, según su versión, para mantener los cultivos existentes en el predio.
La familia aseguró que las presiones para permitir el uso del agua de “El Salto” en “La Haciendita” se han incrementado y relacionó esta situación con los intereses inmobiliarios que atribuye al exgobernador.
Asimismo, señaló que desde 2023 comenzó la construcción de un estadio de béisbol en un rancho propiedad de Domínguez Servién, ubicado en la misma zona de Huimilpan, situación que, de acuerdo con los integrantes de la familia, incrementó sus preocupaciones sobre el destino de los terrenos y los recursos naturales de la región.
Los Urquiza también acusaron al exgobernador de encabezar lo que calificaron como un “cártel inmobiliario” en Querétaro y señalaron una presunta participación o complicidad de autoridades locales en el conflicto.
Sin embargo, los señalamientos fueron expuestos públicamente por integrantes de la familia Urquiza y no constituyen, por sí mismos, hechos acreditados judicialmente. El conflicto permanece en el ámbito legal, mientras los propietarios sostienen que buscan preservar sus terrenos y mantener el control sobre el recurso hídrico concesionado al rancho “El Salto”.
