El fiscal Víctor de Jesús Hernández señaló que el exgobernador tampoco figura como parte ofendida en la carpeta de investigación iniciada por un conflicto familiar y patrimonial.
Querétaro, Qro.- El fiscal general del Estado, Víctor de Jesús Hernández, aclaró que el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, no figura como imputado ni como parte ofendida en la carpeta de investigación relacionada con la disputa por unos terrenos en el municipio de Huimilpan.
La precisión fue realizada luego de que integrantes de la familia Urquiza acusaran públicamente al exmandatario de presuntamente trabajar en conjunto con autoridades de la Fiscalía para despojarlos de un rancho ubicado en dicho municipio.
El fiscal explicó que la investigación tiene su origen en un conflicto familiar relacionado con la administración y decisiones sobre una herencia, situación que posteriormente fue trasladada al ámbito penal.
Detalló que la persona que inició la carpeta de investigación es la abuela de la familia, mientras que las personas que actualmente tienen la calidad de imputadas son hijos y nietos de la mujer, por lo que insistió en que el origen del caso corresponde principalmente a una disputa entre integrantes de una misma familia.
Asimismo, señaló que algunos de los testimonios incorporados a la carpeta fueron rendidos por familiares de otra de las personas involucradas en los señalamientos.
Ante las acusaciones de integrantes de la familia Urquiza, quienes señalaron un presunto uso del aparato gubernamental y judicial para intimidarlos y presionarlos en medio del conflicto, Hernández sostuvo que las actuaciones realizadas por la Fiscalía se han desarrollado conforme a los procedimientos establecidos.
Explicó que diligencias como cateos y otras técnicas de investigación fueron previamente sometidas a control judicial, mientras que las vinculaciones a proceso fueron determinadas por jueces de control después de las respectivas audiencias.
El fiscal aseguró que las actuaciones de los elementos de la Fiscalía General del Estado se han realizado con apego a derecho y rechazó que la institución haya actuado para favorecer a alguna de las partes involucradas en el conflicto.
Finalmente, consideró que, al tratarse de una controversia de naturaleza familiar y patrimonial, corresponderá a las autoridades competentes en materia civil y familiar determinar los derechos de las partes y establecer a quién le asiste la razón respecto de la propiedad y administración de los bienes en disputa.
