La dependencia resolvió 4 mil 765 investigaciones, por encima de las 4 mil 712 iniciadas durante el mismo mes, de acuerdo con su informe mensual de resultados ministeriales.
Querétaro, Qro.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro reportó una eficacia del 101.12 por ciento en la determinación de carpetas de investigación durante julio de 2026, al resolver 4 mil 765 expedientes, cifra superior a las 4 mil 712 carpetas iniciadas en ese mismo periodo.
De acuerdo con el informe mensual de resultados ministeriales, este resultado fue posible debido a que, además de atender las investigaciones iniciadas durante julio, la institución avanzó en expedientes que permanecían en trámite de meses anteriores.
En materia de procuración de justicia, durante el mes se realizaron mil 207 audiencias y se obtuvieron 100 sentencias condenatorias, con una efectividad reportada de 99.01 por ciento.
Las resoluciones judiciales derivaron en un acumulado de 154 años de prisión para las personas sentenciadas, además de que se consiguió la reparación del daño a favor de las víctimas por un monto superior a 3.5 millones de pesos.
Respecto a la judicialización de investigaciones, la Fiscalía informó que 342 detenciones fueron calificadas como legales por la autoridad judicial, lo que representó una eficacia de 89.53 por ciento.
Asimismo, se obtuvieron 526 vinculaciones a proceso frente a 35 resoluciones de no vinculación, para una efectividad de 93.76 por ciento, indicador que la institución atribuyó a la solidez de las investigaciones presentadas ante los tribunales.
Durante julio también fueron ejecutadas 217 órdenes de cateo autorizadas por jueces, con una eficacia reportada de 99.54 por ciento, como parte de las acciones para fortalecer las investigaciones y combatir distintos delitos.
Adicionalmente, la Fiscalía reportó la inmovilización de 12 cuentas bancarias, medida mediante la cual se logró garantizar la reparación del daño por más de 10.7 millones de pesos.
La dependencia señaló que estas acciones forman parte de las estrategias para fortalecer la procuración de justicia, proteger los derechos de las víctimas y asegurar recursos relacionados con actividades ilícitas.
