La institución reportó más de 4 mil 700 investigaciones concluidas, 100 sentencias condenatorias y 217 cateos realizados.
Querétaro, Qro.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que durante julio de 2026 alcanzó una eficacia del 101.12 por ciento en la determinación de carpetas de investigación, al resolver 4 mil 765 expedientes, cifra superior a las 4 mil 712 carpetas iniciadas durante el mismo periodo.
De acuerdo con el informe mensual de resultados ministeriales, este desempeño refleja la capacidad institucional para atender tanto los casos nuevos como investigaciones que se encontraban en trámite de meses anteriores.
En materia de procuración de justicia, la dependencia realizó mil 207 audiencias y obtuvo 100 sentencias condenatorias, alcanzando una efectividad del 99.01 por ciento en este rubro.
Como resultado de las resoluciones judiciales obtenidas, se acumularon 154 años de prisión para personas sentenciadas, además de lograrse la reparación del daño a favor de las víctimas por un monto superior a los 3.5 millones de pesos.
Respecto a la judicialización de las investigaciones, la Fiscalía reportó que 342 detenciones fueron calificadas como legales por la autoridad judicial, lo que representó una eficacia del 89.53 por ciento.
Asimismo, se obtuvieron 526 vinculaciones a proceso frente a 35 resoluciones de no vinculación, alcanzando una efectividad del 93.76 por ciento, indicador que, según la institución, refleja la solidez de las investigaciones presentadas ante los tribunales.
Durante julio también se ejecutaron 217 órdenes de cateo autorizadas por jueces, con una eficacia reportada del 99.54 por ciento, como parte de las acciones de investigación y combate a distintos delitos.
Además, fueron inmovilizadas 12 cuentas bancarias, medida que permitió garantizar la reparación del daño por más de 10.7 millones de pesos, fortaleciendo la protección de los derechos de las víctimas y el aseguramiento de recursos vinculados a actividades ilícitas.
La Fiscalía destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre el personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y los Servicios Periciales, enfocado en fortalecer la investigación científica, la judicialización de carpetas y el acceso a la justicia para las víctimas.
