Trabajadores de La Plazuela rechazan acusaciones de extracción ilegal de mercurio y cuestionan la veracidad del informe presentado por la Environmental Investigation Agency.
Peñamiller, Qro.— Mineros de la comunidad de La Plazuela, en el municipio de Peñamiller, desmintieron las acusaciones de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), que vinculan a la zona con operaciones de un grupo delictivo dedicado a la extracción ilegal y contrabando de mercurio hacia países sudamericanos como Perú.
Los trabajadores del sector minero negaron cualquier relación con el crimen organizado y pusieron en duda la veracidad del informe de la EIA, al asegurar que sus actividades se realizan bajo esquemas legales, con concesiones vigentes y reguladas. Argumentaron además que la venta de cinabrio —forma bruta del mercurio— resulta poco rentable para ellos, en comparación con la venta del metal procesado, lo que desincentiva el comercio ilícito.
Respecto a las versiones sobre minas fortificadas, los mineros aclararon que no existen tales estructuras en la región. Sin embargo, reconocieron la instalación de cámaras de videovigilancia, un arco de acceso y portones con cadenas como medidas preventivas, luego del robo de una caja de seguridad en la mina conocida como Cristo Vive.
Narraron también que en una ocasión, sujetos desconocidos intentaron ingresar por la fuerza a la zona minera sin identificarse, quienes presuntamente serían investigadores de la propia EIA. Este hecho, dijeron, pone en entredicho la versión de la agencia sobre supuestas amenazas del crimen organizado hacia sus agentes.
En cuanto a los actores políticos mencionados en la investigación, los mineros señalaron inconsistencias, como el caso de una mujer señalada como exdiputada federal del PAN, quien nunca habría ocupado ese cargo ni milita actualmente en dicho partido. Respecto al empresario queretano señalado en el informe, precisaron que su actividad como exportador de mercurio, incluso a países como Colombia, Bolivia y Perú, se encuentra documentada en archivos públicos desde antes de la entrada en vigor del Convenio de Minamata (2017), que permitió la comercialización del metal hasta el año 2023.
Finalmente, señalaron que hasta el momento no existe una postura oficial de las autoridades peruanas sobre el supuesto decomiso de cuatro toneladas de mercurio en sus aduanas, ya que no se ha confirmado si el material confiscado corresponde efectivamente a dicho metal. Las autoridades sudamericanas habrían establecido un plazo de 90 días para concluir las investigaciones correspondientes.
