La iniciativa del diputado Homero Barrera busca que ciudadanos puedan conocer avances, realizar visitas de observación y reportar posibles irregularidades, sin sustituir las funciones de las autoridades.
Querétaro, Qro.- El diputado de Morena, Homero Barrera Mcdonald, presentó ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo una iniciativa para incorporar a la legislación de Querétaro la figura de la Contraloría Social en materia de obra pública.
La propuesta plantea reformar la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, con el objetivo de que los ciudadanos tengan una participación más activa en la vigilancia de las obras realizadas con recursos públicos.
Barrera Mcdonald explicó que los ciudadanos beneficiarios o usuarios de una obra podrán integrarse de manera voluntaria y honorífica en Comités Ciudadanos, los cuales tendrían acceso a información pública sobre los proyectos, como montos, plazos, metas, avances físicos y financieros, modificaciones y fechas previstas de conclusión.
También podrían realizar visitas de observación en las obras, presentar reportes e informes, alertar sobre posibles retrasos o deficiencias y participar como observadores en los actos de terminación y entrega-recepción.
El legislador aclaró que estos comités tendrían funciones preventivas y complementarias, por lo que no sustituirían a los supervisores de obra, a la Secretaría de la Contraloría, los Órganos Internos de Control ni a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado.
Entre las limitaciones previstas se establece que los comités no podrán ordenar la suspensión de trabajos, modificar proyectos o contratos, autorizar o rechazar estimaciones, ordenar pagos, imponer sanciones ni sustituir a residentes de obra, supervisores o auditores.
De acuerdo con el diputado, la propuesta tampoco implicaría un impacto presupuestal, ya que no contempla la creación de plazas, dependencias o nuevas estructuras burocráticas. La participación de los integrantes de los comités sería completamente honorífica y se utilizarían los recursos con los que actualmente cuentan las administraciones estatal y municipales.
La iniciativa también plantea que estos mecanismos se conduzcan bajo principios de imparcialidad, independencia y neutralidad, por lo que sus actividades deberán mantenerse alejadas de partidos políticos, organizaciones políticas y fines electorales.
Barrera Mcdonald señaló que la figura de Contraloría Social ya cuenta con reconocimiento a nivel federal y existen modelos similares en entidades como Guanajuato, Estado de México y Oaxaca.
Sostuvo que el objetivo es llevar la participación ciudadana directamente a las comunidades donde se realizan las obras y donde se encuentran sus beneficiarios, al considerar que quienes utilizan diariamente una vialidad, escuela, centro de salud u otra infraestructura pública pueden aportar una vigilancia adicional sobre su ejecución.
Finalmente, afirmó que la transparencia no debe limitarse a publicar información, sino permitir que la sociedad conozca, pregunte y observe el uso de los recursos públicos, con un enfoque preventivo para detectar posibles irregularidades antes de que ocurran.
