Deberán reparar el daño, prestar servicio social y no portar armas durante 18 meses.
Dos policías estatales imputados por usurpación de funciones obtuvieron esta mañana una suspensión condicional del proceso penal, tras aceptar su responsabilidad. La medida, otorgada por un periodo de 18 meses, incluye la reparación del daño a la víctima, así como restricciones y actividades obligatorias.
Entre las condiciones impuestas por la autoridad judicial están: no portar armas, residir en un lugar determinado, someterse a vigilancia, realizar servicio social y participar en programas de cultura de la legalidad. En caso de incumplimiento, la suspensión será revocada y el proceso penal continuará.
El tercer imputado en el caso sigue enfrentando su vinculación a proceso, tras la resolución de una apelación que extendió la investigación dos meses más.
La Fiscalía Anticorrupción reiteró su llamado a los servidores públicos a actuar con apego a los principios constitucionales, priorizando los derechos humanos y la legalidad en su labor.
