La propuesta busca evitar cobros injustificados y obligar a devolver pagos cuando no exista una infracción o delito.
Querétaro, Qro.- El diputado Homero Barrera McDonald, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro, con el objetivo de combatir abusos cometidos por prestadores de servicios de grúas y corralones, así como posibles actos de corrupción.
La propuesta fue ingresada este jueves en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo local y contó con el respaldo de los diputados Sinuhé Piedragil Ortiz y Ulises Gómez.
En rueda de prensa, Barrera McDonald señaló que la iniciativa surge como respuesta a reclamos ciudadanos relacionados con arrastres vehiculares presuntamente injustificados y cobros excesivos por servicios de grúa y depósito vehicular.
El legislador explicó que la reforma busca establecer en la ley que, cuando un vehículo sea remitido al corralón por solicitud de una autoridad de tránsito y posteriormente se determine que no existió falta administrativa o hecho ilícito, el propietario tenga derecho a la devolución del dinero pagado o, en su caso, quede exento del cobro.
“Con esta iniciativa se pretende que no existan más abusos de prestadores de servicios ni corrupción de servidores públicos”, afirmó.
Asimismo, indicó que la propuesta se basa en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en el amparo directo 251/2024, relacionado con un caso en Querétaro, donde se establece que, si una sanción es declarada nula, también deben revertirse las consecuencias derivadas de dicha actuación.
El diputado aseguró que esta medida también busca desincentivar prácticas arbitrarias por parte de algunas autoridades de tránsito, así como reducir la operación de grúas y corralones irregulares.
Aunque reconoció que existen policías que desempeñan correctamente su labor, señaló que cada vez son más frecuentes los casos donde vehículos son enviados al corralón sin justificación suficiente o únicamente para generar cobros conocidos como “banderazos”.
Finalmente, sostuvo que la iniciativa pretende brindar mayor certeza jurídica y protección económica a los ciudadanos frente a posibles abusos en los servicios auxiliares del transporte público.
