Proponen incorporar perspectiva de género en policías y combatir discriminación basada en apariencia física.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el PRI Querétaro presentó iniciativas legislativas enfocadas en combatir la violencia de género y reforzar la justicia cívica en el estado, motivadas por cifras alarmantes: más de 4,000 casos de violencia familiar y 530 delitos de violación han sido registrados en lo que va del año.
La diputada local Adriana Elisa Meza Argaluza propuso dos reformas clave. La primera busca modificar la Ley Orgánica de Querétaro para obligar a las corporaciones policiacas a incorporar perspectiva de género en sus procedimientos, incluyendo la revisión exclusiva por policías mujeres hacia otras mujeres.
“Es necesario erradicar conductas que violentan a las mujeres, desde su apariencia física hasta su interacción con las autoridades. Estas reformas asegurarán una perspectiva de género en nuestras instituciones de seguridad”, afirmó Meza Argaluza.
La segunda iniciativa pretende incluir la violencia estética y simbólica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, abordando discriminación y agresiones basadas en la apariencia física, como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Por otro lado, Abigail Arredondo Ramos, dirigente estatal del PRI y diputada federal, resaltó la necesidad de reformar los protocolos de justicia cívica. Con más de 30,000 casos registrados anualmente en Querétaro, enfatizó que muchas mujeres enfrentan abuso e insultos durante interacciones con autoridades.
“Seis de cada diez mujeres en Querétaro creen que las policías municipales y estatales no son efectivas. Regular la justicia cívica con enfoque de género es fundamental para proteger su integridad y dignidad”, señaló Arredondo Ramos.
Además, Arredondo presentó una iniciativa a nivel federal para homologar las penas por feminicidio en todo el país, proponiendo un mínimo de 40 años de prisión, dado que actualmente las penas varían entre 25 y 60 años según el estado.
Con estas propuestas, el PRI busca reforzar la protección de las mujeres y fomentar un entorno más seguro y equitativo en Querétaro.
