La diputada federal Abigail Arredondo aseguró que el tricolor no respaldará mecanismos que, a su juicio, podrían derivar en persecución política y vulnerar la autonomía de los partidos.
Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional manifestó su rechazo al dictamen de la Comisión de Reforma Político-Electoral que plantea la creación de una Comisión de Integridad de Candidaturas, al considerar que la propuesta representa riesgos para la libre competencia electoral y la pluralidad democrática.
A nombre de la bancada priista, la diputada federal Abigail Arredondo Ramos afirmó que su partido respalda el fortalecimiento de mecanismos para evitar la corrupción y la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, pero sostuvo que la iniciativa presentada no garantiza esos objetivos.
La legisladora señaló que la Comisión de Integridad de Candidaturas estaría integrada por consejeros del Instituto Nacional Electoral y contaría con el apoyo de instituciones como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera.
De acuerdo con Arredondo Ramos, el esquema podría abrir la puerta a procesos selectivos y discrecionales en la evaluación de candidaturas, además de generar condiciones que, desde la perspectiva del PRI, afectarían la imparcialidad del proceso electoral.
La diputada también argumentó que el mecanismo podría estigmatizar a los partidos políticos que opten por no someterse a dicho procedimiento, lo que, afirmó, vulneraría el principio de autodeterminación de los institutos políticos.
En este contexto, reiteró que el PRI no respaldará una reforma que considere lesiva para la competencia electoral y la seguridad jurídica de quienes participen en los procesos democráticos.
Como alternativa, la legisladora propuso establecer la inhabilitación permanente para políticos y servidores públicos que mantengan vínculos comprobados con grupos del crimen organizado, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción y la infiltración delictiva en la vida pública del país.
El debate sobre la reforma político-electoral continúa en el ámbito legislativo, donde distintas fuerzas políticas han expresado posturas encontradas respecto a los alcances y efectos de las modificaciones propuestas.
