Maki Ortiz Domínguez, alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas propuso a los diputados federales expedir una Ley de Impuesto a la Informalidad, que grave en 5 % los ingresos de personas dedicadas a vender antojitos en la calle, elotes, tacos y otros, siempre que sus ventas no excedan los 2 millones de pesos en un ejercicio fiscal.
Esto con la intención de que todos aquellos comerciantes callejeros que normalmente no pagan impuestos ahora se conviertan personas físicas con actividad empresarial, de manera que pueda cobrarseles impuestos que generen “riqueza para todos” expuso la edil ante la Cámara de Diputados.
Conforme a su propuesta, “la recaudación de este impuesto daría lugar a la creación de un Fondo a la Informalidad que se distribuiría en aquéllos municipios que aporten sus padrones de contribuyentes que realicen actividades empresariales, para que la federación recaude esta contribución”.
La edil junto con otros alcaldes expusieron que han reducido drásticamente sus ingresos provenientes de la federación y pidieron apoyo para resarcir esa caída. Una de las medidas para lograrlo fue revivir el Regimen de Contribuyentes de Incorporación Fiscal (RIF), para las personas físicas con ingresos menores a dos millones de pesos y que se destinen estos recursos a los municipios.
“Necesitamos incrementar el Fondo General de Participaciones (FGP) y no podemos quitarle a unos para darle a otros, de ahí que se requiere aumentar la recaudación”, insistió.
También pidió legislar para que se obligue a los migrantes en México a ser autosustentables “después de un tiempo” de estancia en el país, ya que la Cámara de Diputados desapareció el Fondo Migrante.
“Hoy, en un albergue tenemos mil personas, 400 cubanos, 300 centroamericanos, más de cien provenientes de otras naciones y sólo 12 mexicanos, los mexicanos no están cruzando la frontera pero debemos mantener a todos”, expuso. Agregó que aunque hay empleos estos no trabajan.
“Los apoyamos pero deben de trabajar porque me cuesta entre 300 y 500 pesos diarios cada uno en comida, medicinas, luz, agua, las repatriaciones”, advirtió.
Reclamó que su municipio es considerado el más peligroso del país y el Fondo de apoyo a la seguridad pública se redujo en 25% y es por las dificultades para enfrentar esa situación que se requiere actuar e invertir en prevención, pero todo eso hace urgente que los municipios tengan recursos.
