La diputada Claudia Díaz Gayou presentó en la Legislatura de Querétaro nueve iniciativas para armonizar la legislación estatal con la reforma federal en materia de jubilaciones y pensiones.
Querétaro, Qro.- La coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, Claudia Díaz Gayou, presentó nueve iniciativas de ley con el objetivo de garantizar que las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos cumplan con criterios de proporcionalidad, sostenibilidad financiera, austeridad republicana y responsabilidad hacendaria.
En rueda de prensa, la legisladora informó que las propuestas buscan armonizar la legislación estatal con la reciente reforma a la Constitución federal en materia de jubilaciones y pensiones, cuyo propósito es poner fin a las llamadas “pensiones doradas”.
Díaz Gayou recordó que la Constitución mexicana establece ahora que las jubilaciones y pensiones comprendidas en este supuesto no podrán exceder la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 10 de abril de 2026.
La diputada aclaró que las reformas no afectan a trabajadores de base, personal sindicalizado, docentes ni personal operativo o administrativo, además de que tampoco modifican requisitos de jubilación ni eliminan derechos laborales adquiridos.
Precisó que las iniciativas están dirigidas específicamente a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza financiadas con recursos públicos dentro de organismos descentralizados, empresas públicas, entidades de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos.
Asimismo, señaló que las propuestas contemplan reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley de los Trabajadores del Estado, la Ley de Administración Pública Paraestatal, la Ley Orgánica Municipal y diversos ordenamientos relacionados con organismos públicos específicos.
De manera preliminar, indicó que se han identificado alrededor de 43 entidades paraestatales y 25 paramunicipales que podrían entrar en el ámbito de aplicación de estas reformas, lo que representa un total de 68 organismos públicos entre universidades, fideicomisos, entidades educativas y organismos descentralizados.
Finalmente, Díaz Gayou informó que solicitó información a distintas instituciones y dependencias para conocer con precisión los posibles efectos financieros y presupuestarios que tendría la implementación de estas reformas.
