Sentencian a 79 años de prisión a “La Madrina”, “Chita” y otro implicado por homicidio en Pedro Escobedo

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La Fiscalía de Querétaro obtuvo fallo condenatorio por homicidio calificado y tentativa de homicidio tras hechos ocurridos en la comunidad de San Clemente.

Querétaro, Qro.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo sentencia condenatoria en contra de Ma. Isabel “N”, alias “La Madrina”, Sixto “N”, alias “Chita”, y Adán “N”, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivado de hechos registrados en el municipio de Pedro Escobedo.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación inició tras un reporte recibido durante la madrugada del 14 de octubre de 2024, cuando autoridades tomaron conocimiento de la localización de una persona sin vida en la comunidad de San Clemente.

En el mismo hecho, dos personas adultas y un adolescente resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica.

A partir de las diligencias realizadas por personal ministerial, elementos de la Policía de Investigación del Delito y peritos de la Dirección de Servicios Periciales, se desarrollaron diversas líneas de investigación que permitieron identificar a los probables responsables y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

Posteriormente, tras el avance de las distintas etapas procesales, el caso llegó a juicio oral, donde la Fiscalía presentó una teoría sustentada en pruebas periciales, testimoniales y diversos actos de investigación.

Como resultado del proceso judicial, la autoridad competente dictó sentencia condenatoria contra los tres implicados, imponiendo 79 años de prisión para cada uno.

Además de la pena privativa de la libertad, se ordenó el pago de multa, reparación del daño, indemnización y gastos funerarios de manera mancomunada y solidaria, así como el pago de gastos médicos de las víctimas lesionadas, los cuales serán cuantificados durante la ejecución de sentencia.

La resolución también contempla la suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación privada y la negativa de beneficios de sustitución o conmutación de pena para las personas sentenciadas.

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