La legisladora advierte que no basta con entregar escrituras; se requiere certeza jurídica y condiciones físicas seguras.
Ciudad de México.– En sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Congreso Federal, la legisladora Lorena García afirmó que la política de regularización del suelo debe ir más allá de la entrega de escrituras y asumirse como una estrategia integral para brindar seguridad jurídica, patrimonial y física a las familias.
Durante su intervención, reconoció los avances del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), que reporta 10 mil escrituras entregadas y otras 10 mil en proceso, como parte de más de 562 mil acciones a nivel nacional. No obstante, señaló que el rezago y la realidad social del país exigen un enfoque más profundo.
“La vivienda no es solo un techo; es el patrimonio de una familia, es estabilidad, es tranquilidad. Cuando una familia no tiene certeza jurídica, vive en incertidumbre. Y cuando además está asentada en una zona vulnerable, vive en riesgo”, expresó.
García enfatizó que uno de los principales desafíos es la ocupación de predios en zonas susceptibles a desastres naturales o con condiciones de vulnerabilidad, donde la regularización no puede limitarse a un trámite administrativo sin revisar las condiciones legales y físicas del suelo.
“No podemos regularizar sin revisar las condiciones legales y físicas del suelo. La seguridad de las familias está primero. No se trata solo de entregar papeles, sino de garantizar que ese patrimonio sea seguro en todos los sentidos”, puntualizó.
Asimismo, destacó que en México solo el 50% de la demanda potencial de vivienda se atiende a través de mecanismos formales, mientras que el resto deriva en asentamientos irregulares o hacinamiento, lo que obliga a replantear la política pública en la materia.
En estados como Querétaro, donde una proporción importante de viviendas se construye mediante autoproducción, subrayó la necesidad de que el Estado genere suelo adecuado, con servicios y certeza legal, para evitar riesgos jurídicos o territoriales.
Finalmente, llamó a fortalecer el trabajo legislativo y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para frenar la venta clandestina de terrenos y prevenir nuevos asentamientos irregulares.
“La seguridad de una familia no puede depender de la informalidad. Necesitamos una política que prevenga riesgos, dé certeza jurídica y garantice un entorno seguro para las futuras generaciones”, concluyó.
