La iniciativa busca garantizar certeza jurídica, perspectiva de género y protección de derechos humanos en procedimientos administrativos del sector educativo.
Querétaro, Qro.- La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI en la LXI Legislatura del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Querétaro para fortalecer el marco jurídico relacionado con el debido proceso, los derechos humanos del personal educativo y la perspectiva de género.
La propuesta contempla la creación de un nuevo capítulo dentro de la legislación estatal, mediante el cual se establecerían principios claros para la actuación de las autoridades educativas en procedimientos administrativos relacionados con docentes y trabajadores del sector.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que la iniciativa busca consolidar un sistema educativo que garantice tanto la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, como el respeto pleno a los derechos humanos del personal docente.
Asimismo, explicó que en los últimos años se han fortalecido los protocolos de actuación en casos de denuncias y medidas de protección dentro de las escuelas; sin embargo, reconoció que aún existen áreas de oportunidad en temas como claridad procedimental, homogeneidad de criterios, protección de datos personales y proporcionalidad de medidas precautorias.
La iniciativa establece que dichas medidas deberán ser temporales, debidamente fundadas y motivadas, y que no podrán convertirse en sanciones definitivas sin una resolución formal.
Además, se reconocen derechos fundamentales para el personal educativo sujeto a procedimientos administrativos, entre ellos el derecho de audiencia, defensa adecuada, acceso a pruebas y trato digno.
Otro de los ejes centrales de la propuesta es incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones administrativas, con el objetivo de prevenir prácticas discriminatorias y fortalecer la igualdad sustantiva dentro del sistema educativo estatal.
La diputada subrayó que la reforma no busca limitar la atención de denuncias ni disminuir la protección a estudiantes, sino fortalecer la actuación institucional mediante reglas claras que otorguen seguridad jurídica tanto a la comunidad estudiantil como al magisterio.
Finalmente, Meza Argaluza destacó que la propuesta no generaría impacto presupuestal adicional, ya que podría implementarse mediante adecuaciones a los protocolos y mecanismos administrativos existentes.
