El recorte de personal tras el rechazo del empréstito abre dudas legítimas sobre las prioridades del gobierno municipal y su impacto social.
San Juan del Río, Qro.- La reciente decisión del alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera, de despedir a alrededor de 200 trabajadores municipales, luego de que el Congreso del Estado le negara la autorización para contratar un empréstito por 180 millones de pesos, deja más preguntas que respuestas. La medida se justifica oficialmente como una estrategia de “ahorro” para destinar recursos a obra pública, pero el camino elegido resulta, cuando menos, preocupante.
Resulta difícil aceptar que la salida inmediata ante la falta de financiamiento sea cargar el ajuste sobre la base laboral del municipio. Doscientas familias quedan en la incertidumbre con el argumento de generar un ahorro cercano a los 100 millones de pesos, mientras se mantiene intacto el discurso de inversión en infraestructura. La pregunta es inevitable: ¿no existían otras alternativas antes de recurrir al despido masivo?
En San Juan del Río, como en muchos municipios del país, la obra pública ha sido históricamente uno de los espacios más sensibles de la administración. No por casualidad, sino porque ahí confluyen intereses políticos, empresariales y electorales. Cuando se insiste con urgencia en “hacer obra” aun a costa del empleo, es legítimo que la ciudadanía cuestione los verdaderos incentivos detrás de estas decisiones.
El problema de fondo no es solo presupuestal, sino ético y político. Gobernar implica priorizar el bienestar colectivo, no únicamente cumplir metas administrativas o dejar huella a través de cemento y varilla. La estabilidad laboral también es desarrollo, y prescindir de ella con ligereza revela una visión limitada del servicio público.
Estos despidos, más allá del impacto económico inmediato, tendrán un efecto político innegable. El desgaste no recaerá únicamente en una administración, sino en el proyecto político que la respalda. Sin embargo, da la impresión de que ese costo electoral se asume como secundario frente a otros intereses.
La ciudadanía de San Juan del Río merece explicaciones claras, decisiones responsables y, sobre todo, gobiernos que entiendan que el poder no es un medio para fines personales, sino una obligación permanente con la gente. Cuando eso se olvida, el daño no solo es administrativo: es social y profundamente político.
Por César Augusto Lachira
