Arturo Maximiliano y Santiago Nieto cuestionaron el protocolo impulsado desde el Ejecutivo y plantearon un esquema de “8 de 8 Plus” con revisión financiera y nuevos candados contra la corrupción.
Querétaro, Qro.- El coordinador de Morena en el Congreso local, Arturo Maximiliano García, aseguró que los requisitos incluidos en el protocolo denominado “6 de 6”, impulsado desde el Poder Ejecutivo, ya están contemplados en la legislación vigente, por lo que consideró que no debe presentarse a la ciudadanía como una medida nueva.
Acompañado por legisladores de Morena y del Partido Verde, así como por Santiago Nieto Castillo, el diputado sostuvo que las declaraciones patrimoniales, información sobre propiedades, inversiones, cuentas en el extranjero, activos, declaraciones fiscales y de conflicto de interés ya forman parte de las obligaciones y mecanismos de transparencia existentes.
“No hay que engañar a las ciudadanas y los ciudadanos del estado, diciéndoles que se va a implementar algo nuevo y que va a hacer alguna diferencia”, afirmó.
García también recordó que el “3 de 3 contra la violencia” ya es obligatorio y establece restricciones para quienes tengan una sentencia firme por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política contra las mujeres en razón de género, además de contemplar el registro de deudores alimentarios.
El legislador cuestionó que, si la intención era crear nuevos requisitos obligatorios para quienes aspiren a un cargo de elección popular, no se haya presentado una iniciativa de reforma ante el Congreso para modificar la legislación electoral.
Además, señaló que los partidos políticos ya cuentan con herramientas para revisar los perfiles de sus candidaturas y pueden solicitar información a instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República y el Servicio de Administración Tributaria.
Por su parte, la diputada Claudia Díaz Gayou cuestionó la intención de incluir el polígrafo dentro de estos mecanismos de revisión, al considerar que su aplicación no cuenta con un fundamento legal que permita convertirlo en un requisito obligatorio para quienes buscan un cargo público.
Santiago Nieto Castillo, en tanto, calificó como una “simulación” el esquema planteado bajo el “6 de 6” y propuso sustituirlo por una iniciativa denominada “8 de 8 Plus”, con la intención de ampliar la revisión de los perfiles de quienes aspiren a cargos de elección popular.
Explicó que su propuesta contempla dos candados adicionales enfocados en problemas que, consideró, son particularmente relevantes para Querétaro: evitar vínculos con redes de corrupción inmobiliaria y prevenir cualquier relación con actos de corrupción o lucro indebido relacionado con el agua.
En materia inmobiliaria, planteó revisar que los aspirantes no hayan participado en despojos, cambios irregulares de uso de suelo, permisos discrecionales o tráfico de influencias relacionados con desarrollos.
Sobre el agua, propuso revisar concesiones, infraestructura, contratos y derechos para evitar que este recurso sea utilizado como negocio particular o como herramienta política.
El componente “Plus”, explicó Nieto Castillo, estaría enfocado en seguir la ruta del dinero cuando existan indicios fundados de enriquecimiento ilícito, incluso mediante la revisión de esquemas corporativos, prestanombres o personas relacionadas financieramente, siempre bajo los procedimientos legales correspondientes.
“No se trata de perseguir familias ni de presumir culpabilidades por parentesco, sino de evitar que el vínculo familiar se utilice como escudo para esconder patrimonios mal habidos o conflictos de interés”, sostuvo.
Nieto Castillo también rechazó que la fiscalización de los aspirantes quede en manos de colegios de profesionistas o mecanismos privados, y sostuvo que esta tarea debe realizarse mediante las instituciones del Estado que cuentan con facultades legales y capacidades técnicas para investigar posibles irregularidades financieras.
Finalmente, los legisladores de Morena respaldaron la propuesta de “8 de 8 Plus” y coincidieron en que el debate debe centrarse en fortalecer los mecanismos institucionales de transparencia, fiscalización y combate a la corrupción, en lugar de presentar como nuevas herramientas que ya existen dentro del marco jurídico.
