La iniciativa plantea revisar a fondo el patrimonio y las operaciones financieras de aspirantes, así como detectar posibles vínculos con negocios irregulares de tierra y agua.
Querétaro, Qro.- Santiago Nieto Castillo propuso implementar en Querétaro la iniciativa “8 de 8 Plus”, con la que busca ampliar los filtros para quienes aspiren a cargos de elección popular y, principalmente, detectar posibles vínculos con redes de corrupción inmobiliaria y lucro indebido con el agua.
Acompañado por legisladores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre ellos Arturo Maximiliano García, Claudia Díaz Gayou y Andrea Tovar, Nieto Castillo calificó como una “simulación” algunas de las medidas planteadas recientemente desde el Gobierno estatal bajo el esquema denominado “6 de 6”.
El exfuncionario federal sostuvo que varios de los requisitos incluidos en ese protocolo, como las declaraciones patrimoniales y fiscales, la manifestación de no conflicto de interés y las constancias de no antecedentes penales, ya están contemplados en la legislación vigente.
También cuestionó el uso del polígrafo y la participación de colegios de profesionistas privados en la revisión fiscal de los aspirantes, al considerar que estas tareas deben estar en manos de instituciones públicas con facultades legales y capacidad técnica para realizar investigaciones.
Plantea revisar negocios inmobiliarios y del agua
Nieto Castillo explicó que el componente “Plus” de su propuesta contempla dos filtros específicos para Querétaro.
El primero sería verificar que las personas aspirantes no tengan vínculos con redes de corrupción inmobiliaria, incluyendo posibles casos de despojo, cambios irregulares de uso de suelo, permisos otorgados de manera discrecional o tráfico de influencias relacionados con desarrollos inmobiliarios.
El segundo plantea revisar posibles vínculos con corrupción o lucro indebido relacionado con el agua, mediante la transparencia de concesiones, infraestructura, contratos y derechos de agua.
Además, propuso que, cuando existan indicios fundados de enriquecimiento ilícito, se siga la ruta del dinero y se amplíen las investigaciones hacia el círculo financiero relacionado con el servidor público.
Explicó que los posibles recursos irregulares pueden ocultarse mediante empresas, prestanombres o familiares, por lo que consideró necesario realizar una revisión más amplia cuando existan elementos que lo justifiquen.
“No se trata de perseguir familias ni de presumir culpabilidades por parentesco, sino de evitar que el vínculo familiar se utilice como escudo para esconder patrimonios mal habidos o conflictos de interés”, sostuvo.
Morena cuestiona protocolo 6 de 6
Por su parte, Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador de Morena en la Legislatura local, señaló que buena parte de los requisitos incluidos en el protocolo 6 de 6 ya existen en la legislación o han sido utilizados como mecanismos de transparencia.
Mencionó las declaraciones patrimoniales, información sobre propiedades, inversiones y cuentas en el extranjero, declaraciones fiscales y de conflicto de interés.
También recordó que el 3 de 3 contra la violencia ya es obligatorio y establece restricciones para personas con sentencia firme por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política en razón de género, además de contemplar el registro de deudores alimentarios.
“Esto ya es un tema legal. Esto no es un tema que debe estar en ningún tipo de protocolo”, afirmó.
García Pérez cuestionó que, si el objetivo era crear nuevos requisitos obligatorios, el Poder Ejecutivo no hubiera presentado una iniciativa de reforma electoral ante el Congreso local.
Cuestionan aplicación del polígrafo
La diputada Claudia Díaz Gayou también cuestionó la incorporación del polígrafo como parte de los filtros para aspirantes a cargos públicos.
Señaló que su aplicación no está contemplada como una obligación legal y sostuvo que cualquier mecanismo de evaluación debe contar con fundamento jurídico y respetar los derechos establecidos en la Constitución.
Los legisladores de Morena coincidieron en que el debate debe centrarse en fortalecer las herramientas institucionales de fiscalización, transparencia y combate a la corrupción, en lugar de presentar como nuevas medidas que ya están contempladas en las leyes.
Por ello, respaldaron la propuesta de “8 de 8 Plus” para ampliar la revisión de candidatos y poner especial atención en posibles redes de corrupción inmobiliaria, negocios relacionados con el agua y operaciones financieras que permitan ocultar posibles actos de enriquecimiento ilícito.
